El llamado divorcio exprés no es una modalidad de divorcio distinta de las previstas legalmente. Es una denominación habitual para referirse al divorcio de mutuo acuerdo cuando los cónyuges alcanzan un acuerdo sobre las medidas que deben regular las consecuencias de la ruptura.
Su principal ventaja es precisamente esa: si ambos cónyuges están de acuerdo, el procedimiento puede ser más sencillo que un divorcio contencioso.
Pero llegar a un acuerdo no significa que pueda prescindirse de una adecuada planificación. El convenio regulador debe recoger las medidas que correspondan al caso y, cuando existen hijos menores, deben protegerse especialmente sus intereses.
El Código Civil permite solicitar el divorcio de mutuo acuerdo una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio, salvo las excepciones legalmente previstas.
¿Qué es realmente el divorcio exprés?
La expresión divorcio exprés se utiliza habitualmente para identificar un divorcio de mutuo acuerdo que puede tramitarse de forma relativamente rápida cuando los cónyuges han alcanzado un acuerdo.
No se trata, por tanto, de un procedimiento independiente llamado «divorcio exprés».
Jurídicamente estamos ante un divorcio de mutuo acuerdo, que puede tramitarse por vía judicial o, cuando se cumplen determinados requisitos, ante notario.
La diferencia fundamental respecto del divorcio contencioso es que los cónyuges presentan conjuntamente una propuesta sobre las medidas que deben regular las consecuencias de la ruptura.
¿Cuánto tiempo hay que llevar casados?
Como regla general, deben haber transcurrido tres meses desde la celebración del matrimonio para poder solicitar el divorcio.
El artículo 86 del Código Civil remite a los requisitos establecidos para la separación y el divorcio y contempla la posibilidad de solicitarlo a petición de ambos cónyuges, de uno con consentimiento del otro o de uno solo.
El plazo de tres meses no se exige en determinados supuestos excepcionales relacionados con la existencia de un riesgo para la vida, integridad física, libertad, integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge solicitante o de los hijos.
¿Es necesario que los dos cónyuges estén de acuerdo?
Para el divorcio de mutuo acuerdo, sí.
Ambos deben estar de acuerdo en solicitar el divorcio y, además, deben alcanzar un acuerdo sobre las medidas que correspondan.
Esto es importante porque no basta con que ambos quieran divorciarse.
También deben regularse, cuando proceda, cuestiones como:
- Guarda y custodia de los hijos.
- Régimen de estancias y comunicaciones.
- Pensión de alimentos.
- Gastos extraordinarios.
- Uso de la vivienda familiar.
- Contribución a las cargas familiares.
- Pensión compensatoria, cuando proceda.
- Liquidación del régimen económico matrimonial, cuando corresponda.
El artículo 90 del Código Civil establece el contenido mínimo del convenio regulador cuando estas medidas resultan aplicables.
¿Qué es el convenio regulador?
El convenio regulador es el documento en el que los cónyuges establecen los acuerdos que regularán las consecuencias personales y económicas del divorcio.
No debería considerarse un simple trámite.
Un convenio ambiguo o incompleto puede generar problemas posteriormente, especialmente en cuestiones relacionadas con los hijos, la vivienda, las pensiones, los gastos extraordinarios o el patrimonio común.
Entre otras cuestiones, el artículo 90 del Código Civil contempla el cuidado de los hijos, el régimen de comunicación y estancia, el uso de la vivienda familiar, la contribución a las cargas y alimentos, la liquidación del régimen económico matrimonial cuando proceda y la pensión compensatoria.
Por ello, antes de firmar un convenio es importante comprobar que lo acordado puede aplicarse realmente y que regula con suficiente precisión las situaciones que puedan surgir posteriormente.
¿Cómo se tramita un divorcio exprés?
Existen dos vías principales cuando los cónyuges están de acuerdo.
Divorcio ante notario
Cuando se cumplen los requisitos legales, el divorcio de mutuo acuerdo puede formalizarse mediante escritura pública ante notario.
La Ley del Notariado establece que los cónyuges pueden acordar su divorcio ante notario cuando no tengan hijos menores no emancipados ni hijos mayores respecto de los que se hayan establecido judicialmente medidas de apoyo atribuidas a sus progenitores. Además, deben estar asistidos por abogado.
Los cónyuges deben comparecer personalmente y prestar su consentimiento.
Por tanto, esta vía puede ser especialmente sencilla cuando no existen hijos en esas circunstancias y existe un acuerdo completo sobre las consecuencias del divorcio.
Divorcio judicial de mutuo acuerdo
Cuando no es posible acudir al notario, el divorcio puede tramitarse judicialmente.
En estos casos se presenta la correspondiente solicitud o demanda de divorcio de mutuo acuerdo junto con la propuesta de convenio regulador.
Cuando existen hijos menores, el procedimiento judicial permite que se valoren las medidas que les afectan y que intervenga el Ministerio Fiscal en los términos legalmente previstos.
¿Se necesita abogado?
Sí, la asistencia letrada es necesaria tanto en el divorcio judicial como en el divorcio ante notario.
En el procedimiento notarial, la propia Ley del Notariado establece que los cónyuges deben estar asistidos en el otorgamiento por Letrado en ejercicio.
En el divorcio judicial también es necesaria la intervención de abogado y procurador.
Cuando se trata de un divorcio de mutuo acuerdo, ambos cónyuges pueden compartir abogado y procurador cuando las circunstancias del procedimiento lo permiten.
Esto puede simplificar la tramitación, pero no elimina la necesidad de que el convenio regulador sea revisado cuidadosamente.
¿Qué ocurre si hay hijos menores?
La existencia de hijos menores es una de las cuestiones que más condiciona la tramitación.
En estos casos, el divorcio no puede formalizarse simplemente ante notario.
Las medidas relacionadas con los hijos deben someterse al control judicial correspondiente y debe atenderse especialmente a su interés superior.
El convenio puede regular cuestiones como:
- Guarda y custodia.
- Régimen de estancias y comunicaciones.
- Pensión de alimentos.
- Gastos extraordinarios.
- Ejercicio de la patria potestad.
- Otras medidas necesarias para organizar la vida de los hijos.
El juez debe valorar el convenio y puede rechazar aquellos acuerdos que sean dañosos para los hijos o gravemente perjudiciales para uno de los cónyuges.
¿Qué ocurre con la vivienda familiar?
La vivienda familiar es uno de los puntos que más conflictos puede generar después del divorcio.
Por ello, cuando existe una vivienda común o arrendada, el convenio debería establecer claramente cuál será su destino y, cuando proceda, quién tendrá atribuido su uso.
El artículo 90 del Código Civil incluye expresamente la atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar entre las cuestiones que puede recoger el convenio regulador.
La propiedad de la vivienda y el derecho de uso, además, son cuestiones diferentes. Que uno de los cónyuges sea propietario del inmueble no significa necesariamente que pueda disponer libremente de su uso cuando existe una atribución judicial o convencional.
¿Hay que repartir los bienes durante el divorcio?
No necesariamente.
El convenio regulador puede incluir la liquidación del régimen económico matrimonial cuando proceda, pero divorcio y liquidación del patrimonio no son exactamente lo mismo.
En algunos casos puede ser conveniente resolver conjuntamente ambas cuestiones; en otros, puede ser preferible separar la disolución del matrimonio de la liquidación patrimonial.
Esta decisión dependerá, entre otras circunstancias, del régimen económico matrimonial, de los bienes existentes, de las deudas y del acuerdo alcanzado.
¿Qué ocurre con la pensión de alimentos?
Cuando existen hijos, el convenio debe establecer cómo contribuirán los progenitores a sus necesidades.
La pensión de alimentos debe determinarse atendiendo a las circunstancias económicas de los progenitores y a las necesidades de los hijos.
Además de la cantidad mensual, es importante concretar cómo se actualizará y cómo se repartirán los gastos extraordinarios.
Una redacción clara puede evitar posteriores conflictos sobre qué gastos están incluidos y cuáles deben abonarse adicionalmente.
¿Puede establecerse una pensión compensatoria?
Sí, cuando concurran los requisitos legales.
El artículo 97 del Código Civil contempla la posibilidad de establecer una compensación cuando la separación o el divorcio produzcan a uno de los cónyuges un desequilibrio económico en relación con la posición del otro que implique un empeoramiento respecto de su situación anterior en el matrimonio.
La pensión compensatoria puede establecerse por acuerdo en el convenio o ser determinada judicialmente cuando no exista acuerdo.
¿Cuánto tarda un divorcio exprés?
No existe un plazo único que pueda garantizarse para todos los casos.
La duración depende, entre otras circunstancias, de:
- La vía elegida.
- La existencia o no de hijos menores.
- La documentación disponible.
- La complejidad del convenio.
- La carga de trabajo del juzgado, cuando sea necesario acudir a la vía judicial.
- La existencia de cuestiones patrimoniales que deban resolverse.
Por ello, aunque el divorcio de mutuo acuerdo suele ser más sencillo que un procedimiento contencioso, no es recomendable prometer un número concreto de días o semanas.
La rapidez depende en buena medida de que exista un acuerdo completo y de que la documentación y el convenio estén correctamente preparados.
¿Qué ventajas tiene el divorcio de mutuo acuerdo?
Cuando existe un acuerdo real entre los cónyuges, esta vía puede ofrecer importantes ventajas:
- Reduce el nivel de conflicto.
- Permite a las partes participar directamente en la definición de las medidas.
- Puede simplificar la tramitación.
- Evita, en principio, un procedimiento contencioso.
- Facilita una solución conjunta sobre las cuestiones familiares y económicas.
- Puede reducir costes respecto de un litigio en el que cada parte mantiene posiciones enfrentadas.
Pero la principal ventaja no es simplemente la rapidez.
Es la posibilidad de alcanzar una solución estable y consensuada.
¿Qué pasa si después cambia la situación?
Las medidas establecidas en un divorcio no son necesariamente inamovibles.
El artículo 90 del Código Civil permite modificar las medidas cuando cambian las circunstancias en los términos legalmente establecidos.
Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando se producen cambios relevantes en las circunstancias económicas de los progenitores o en las necesidades de los hijos.
Por ello, el convenio debe intentar prever adecuadamente las situaciones previsibles, pero no puede anticipar todas las circunstancias que puedan producirse en el futuro.
Entonces, ¿qué se necesita para un divorcio exprés?
Como resumen, será necesario:
- Que hayan transcurrido, con carácter general, tres meses desde el matrimonio.
- Que exista acuerdo si se pretende un divorcio de mutuo acuerdo.
- Preparar un convenio regulador adecuado al caso.
- Determinar la vía correspondiente: notarial o judicial.
- Contar con asistencia letrada.
- Presentar la documentación necesaria.
- Formalizar el divorcio por la vía correspondiente.
- Inscribirlo en el Registro Civil cuando proceda.
La vía concreta dependerá principalmente de las circunstancias familiares y del contenido del acuerdo.
Conclusión
El llamado divorcio exprés es, en realidad, una forma habitual de referirse al divorcio de mutuo acuerdo.
Su tramitación puede ser más sencilla cuando ambos cónyuges han alcanzado un acuerdo completo, pero eso no significa que deba realizarse de manera improvisada.
El convenio regulador es una pieza fundamental porque establece las reglas que organizarán la situación familiar y económica después del divorcio.
Cuando existen hijos, vivienda, pensiones o patrimonio común, es especialmente importante revisar cada una de estas cuestiones antes de formalizar el acuerdo.
Por eso, aunque el objetivo sea conseguir un divorcio rápido, la prioridad debería ser alcanzar un acuerdo claro, completo y jurídicamente seguro.
Si estás valorando un divorcio de mutuo acuerdo, conviene analizar previamente las circunstancias familiares y patrimoniales para determinar cuál es la vía más adecuada y cómo debe redactarse el convenio regulador.
Cuando una pareja se separa o se divorcia y existen hijos menores, una de las preguntas que aparece con frecuencia es si estos pueden decidir con cuál de sus progenitores quieren vivir.
La respuesta requiere distinguir entre dos cuestiones diferentes:
el derecho del menor a ser escuchado y la capacidad para decidir por sí mismo.
Un hijo puede tener derecho a expresar su opinión sobre dónde quiere vivir y sobre el régimen de custodia que considera más adecuado, pero eso no significa que pueda elegir unilateralmente con cuál de sus padres quedarse.
La decisión corresponde a los progenitores cuando existe acuerdo o, si no lo hay, al juez, siempre atendiendo al interés superior del menor.
La legislación reconoce expresamente el derecho de los menores a ser oídos y escuchados en los procedimientos que afectan a su esfera personal, familiar o social, teniendo en cuenta sus opiniones en función de su edad y madurez.
¿Puede un hijo elegir con quién vivir?
No existe una edad a partir de la cual un hijo pueda decidir automáticamente con cuál de sus progenitores quiere vivir.
Esta es probablemente la primera idea que conviene aclarar.
Es habitual escuchar que:
«Cuando cumpla 12 años puede elegir con quién vivir.»
No es correcto.
A partir de los 12 años existe una especial relevancia de la audiencia del menor en los procedimientos sobre su guarda y custodia, pero el hijo no adquiere por ello la facultad de decidir por sí mismo el régimen de custodia.
Su opinión debe ser escuchada y valorada, pero la decisión debe seguir respondiendo a su interés superior.
El Tribunal Supremo ha reiterado esta doctrina en resoluciones recientes, señalando que los mayores de 12 años deben ser oídos en los asuntos relativos a su guarda y custodia, sin que ello convierta su opinión en una decisión vinculante.
¿A qué edad se escucha a los hijos?
La Ley Orgánica 1/1996 reconoce el derecho de todo menor a ser oído y escuchado cuando una decisión afecte a su esfera personal, familiar o social.
La ley no establece que solo puedan ser escuchados los mayores de una determinada edad.
La opinión del menor debe valorarse atendiendo a:
- Su edad.
- Su madurez.
- Sus circunstancias.
- La naturaleza de la decisión.
- La forma en que puede afectar a su vida.
La propia Ley de Protección Jurídica del Menor establece que sus opiniones deben ser tenidas debidamente en cuenta en función de su edad y madurez.
Por tanto, un menor de 12 años también puede ser escuchado cuando tenga suficiente madurez y la situación lo aconseje.
¿Qué ocurre cuando el hijo tiene más de 12 años?
Aquí la cuestión adquiere una importancia especial.
El Código Civil establece que, en los procedimientos de guarda y custodia, el juez debe garantizar el derecho de los menores a ser oídos y que deben ser escuchados cuando tengan suficiente juicio.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reiterado que, en todo caso, los mayores de 12 años deben ser oídos en los asuntos que afecten a su guarda y custodia, salvo las circunstancias excepcionales que legalmente puedan justificar otra solución y con la correspondiente motivación judicial.
Esto no significa que el menor de 12 años tenga capacidad para decidir.
Significa que su opinión adquiere una relevancia especial dentro del procedimiento.
¿Por qué es importante escuchar al menor?
Porque la decisión judicial afecta directamente a su vida.
Una resolución sobre custodia puede determinar:
- Dónde vivirá habitualmente.
- Cómo se organizará su tiempo.
- Qué colegio seguirá.
- Cuánto tiempo pasará con cada progenitor.
- Cómo serán sus desplazamientos.
- Cómo mantendrá sus relaciones familiares y sociales.
Por eso, el menor no debe ser tratado simplemente como el objeto de una decisión tomada por los adultos.
Tiene derecho a participar y a expresar su opinión en las condiciones establecidas legalmente.
El Tribunal Supremo ha señalado que el derecho del menor a ser oído forma parte de su estatuto jurídico y debe garantizarse en los procedimientos que afectan directamente a sus intereses.
¿La opinión del hijo obliga al juez?
No.
Esta es la diferencia fundamental entre ser escuchado y decidir.
El juez debe conocer y valorar la opinión del menor, pero no está obligado a establecer la custodia exactamente como el hijo haya solicitado.
La opinión del menor constituye un elemento más de valoración dentro del conjunto de circunstancias.
El juez debe determinar qué solución protege mejor el interés superior del menor.
Por ejemplo, un adolescente podría manifestar que quiere vivir exclusivamente con uno de sus progenitores.
El juez deberá escuchar las razones de esa preferencia y valorar su madurez y las circunstancias familiares.
Pero también deberá analizar otros factores:
- La capacidad de cada progenitor.
- La relación con ambos.
- La organización familiar.
- Los horarios.
- Los domicilios.
- La escolarización.
- La estabilidad del menor.
- La existencia de conflictos.
- Cualquier situación de riesgo.
La decisión final no puede basarse exclusivamente en la preferencia expresada por el hijo.
¿Puede el juez decidir en contra de lo que quiere el hijo?
Sí.
Puede ocurrir que el menor prefiera vivir con uno de sus progenitores y, sin embargo, el tribunal considere que otra organización responde mejor a su interés.
Esto no significa que su opinión haya sido ignorada.
Significa que su opinión debe ponderarse junto con el resto de circunstancias.
Precisamente por ello, las resoluciones judiciales que se apartan de la opinión de un menor deben explicar adecuadamente las razones de la decisión cuando las circunstancias lo exijan.
La jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo ha insistido en la necesidad de una valoración suficientemente motivada del interés superior del menor.
¿Qué valora el juez además de la opinión del hijo?
La opinión del menor es importante, pero no es el único elemento.
El tribunal puede valorar, entre otras circunstancias:
La edad y madurez del menor
No tiene el mismo valor una opinión expresada por un niño pequeño que la de un adolescente con suficiente capacidad para comprender las consecuencias de la decisión.
Pero tampoco existe una regla matemática basada exclusivamente en la edad.
La madurez debe valorarse en relación con las circunstancias concretas.
La relación con cada progenitor
Puede analizarse la relación afectiva y familiar que el menor mantiene con su padre y con su madre.
La capacidad parental
Debe determinarse si cada progenitor puede atender adecuadamente las necesidades del hijo.
La estabilidad
El juez puede valorar qué régimen permite al menor mantener una mayor estabilidad personal, escolar y social.
La organización familiar
Los horarios de trabajo, domicilios, desplazamientos y disponibilidad de los progenitores pueden ser relevantes.
La existencia de conflictos
Un nivel elevado de conflicto entre los progenitores puede afectar a la decisión si perjudica al menor o dificulta seriamente el ejercicio de las responsabilidades parentales.
Las necesidades especiales
Las necesidades médicas, psicológicas, educativas o personales del hijo pueden tener especial relevancia.
La existencia de situaciones de violencia
Cuando existen indicios o situaciones de violencia, la valoración debe realizarse con especial atención a la protección del menor y de la persona afectada. El Tribunal Supremo ha insistido recientemente en la necesidad de una motivación reforzada en estos casos.
¿Cómo se escucha al menor en un procedimiento judicial?
La audiencia del menor debe realizarse de manera adecuada a su edad y circunstancias.
No se trata necesariamente de hacerle declarar en un juicio delante de sus padres.
La forma concreta de escuchar al menor dependerá del procedimiento y de las circunstancias.
Puede realizarse mediante la exploración judicial del menor y, cuando resulte adecuado, mediante la intervención de profesionales especializados.
Lo importante es que el menor pueda expresar libremente su opinión sin sentirse obligado a elegir entre su padre y su madre.
El Tribunal Supremo ha señalado que la audiencia debe permitir conocer de forma directa e inmediata la opinión del menor y que no puede descartarse simplemente porque se presuponga que carece de madurez sin una valoración objetiva y suficientemente motivada.
¿Tiene que declarar el hijo delante de sus padres?
No necesariamente.
Precisamente por la especial naturaleza de estos procedimientos, la audiencia del menor debe desarrollarse de manera que permita que pueda expresarse con libertad y sin presiones.
La finalidad no es colocar al hijo en medio del conflicto entre sus progenitores.
Al contrario: debe evitarse que el menor sienta que tiene que elegir entre papá y mamá.
Por eso, la forma en que se desarrolla la audiencia debe proteger su bienestar y su derecho a expresar lo que piensa.
¿Qué ocurre si el hijo dice que quiere vivir con su madre?
El juez escuchará las razones de esa preferencia y las valorará junto con las demás circunstancias.
No existe una regla según la cual, porque el hijo diga que quiere vivir con su madre, la custodia deba atribuirse automáticamente a ella.
Puede ocurrir que su opinión sea plenamente compatible con el resto de circunstancias.
Pero también puede ocurrir que existan otros factores que aconsejen una solución diferente.
Lo mismo sucedería si el menor manifestara que quiere vivir con su padre.
El criterio no es qué progenitor prefiere el hijo, sino qué solución responde mejor a su interés superior.
¿Y si el hijo no quiere vivir con ninguno de los dos?
También puede ocurrir.
Un menor puede expresar rechazo hacia ambos progenitores o manifestar que no quiere cambiar su situación actual.
En estos casos resulta especialmente importante conocer las razones de esa posición.
Puede existir un problema emocional, un conflicto familiar, una situación de presión o simplemente una reacción ante el proceso de ruptura.
El tribunal deberá analizar las circunstancias y determinar qué medidas son adecuadas.
Cuando resulte necesario, pueden intervenir profesionales especializados para valorar la situación familiar.
¿Puede un hijo negarse a ir con uno de sus padres?
Esta cuestión debe analizarse con mucho cuidado.
Una negativa puntual no significa necesariamente que pueda decidir unilateralmente no cumplir el régimen de visitas o estancias establecido.
Si existe una resolución judicial, los progenitores deben cumplir las medidas establecidas.
Pero una negativa persistente de un menor puede ser una señal de que existe algún problema que necesita ser analizado.
Puede haber muchas razones detrás de esa conducta:
- Conflicto familiar.
- Problemas de adaptación.
- Miedo.
- Influencia de terceros.
- Dificultades en la relación con un progenitor.
- Situaciones de violencia.
- Otras circunstancias personales.
Por eso, no es recomendable reducir automáticamente la negativa del menor a un simple problema de obediencia.
Es necesario conocer qué está ocurriendo.
¿Puede un adolescente decidir con quién vivir?
Aunque un adolescente tenga una capacidad de comprensión y madurez elevada, tampoco decide jurídicamente por sí solo.
Sin embargo, cuanto mayor sea su edad y madurez, mayor puede ser el peso que tenga su opinión en la valoración judicial.
En noviembre de 2025, el Tribunal Supremo anuló una sentencia relacionada con la custodia de una menor de 13 años porque no había sido escuchada y el tribunal de apelación no había justificado adecuadamente por qué prescindía de su audiencia.
Este tipo de resoluciones muestran la importancia que puede tener la opinión del menor cuando la decisión afecta directamente a su vida.
¿Puede el hijo cambiar la custodia por decir que quiere vivir con el otro progenitor?
No automáticamente.
Si existe una sentencia que establece un régimen de custodia, ese régimen no cambia simplemente porque el hijo manifieste que quiere vivir con el otro progenitor.
Cuando las circunstancias cambian de forma relevante, puede ser necesario solicitar una modificación de medidas.
El tribunal analizará entonces la nueva situación y determinará si procede modificar la custodia.
La opinión del menor puede ser uno de los elementos que se tengan en cuenta, pero nuevamente deberá valorarse junto con el resto de circunstancias.
¿Qué pasa cuando los padres utilizan al hijo para decidir la custodia?
Esta es una de las situaciones que más debe evitarse.
Un divorcio puede generar un conflicto importante entre los progenitores, pero los hijos no deberían convertirse en los encargados de resolverlo.
Frases como:
«Dile al juez que quieres vivir conmigo.»
o:
«Tú decides dónde quieres estar.»
pueden colocar al menor en una situación emocional muy difícil.
El hijo puede sentir que elegir a uno significa traicionar al otro.
Por eso, una de las responsabilidades más importantes de los progenitores durante una separación es proteger a los hijos del conflicto de pareja.
¿Puede influir la opinión del hijo en una custodia compartida?
Sí.
La opinión del menor puede ser relevante cuando el tribunal tiene que decidir entre custodia compartida, exclusiva u otras formas de organización familiar.
Pero tampoco en este caso decide por sí solo.
El Tribunal Supremo ha insistido en que la custodia compartida no puede establecerse de manera automática y que debe valorarse rigurosamente si responde al interés concreto del menor.
Por tanto, si un hijo expresa que quiere vivir con ambos progenitores, esa opinión será un elemento importante, pero no garantiza por sí sola que se establezca una custodia compartida.
¿Qué ocurre si el hijo tiene menos de 12 años?
Un menor de 12 años también puede ser escuchado.
La edad de 12 años no funciona como una frontera absoluta entre «puede opinar» y «no puede opinar».
La Ley Orgánica 1/1996 reconoce el derecho del menor a ser oído y establece que sus opiniones deben tenerse en cuenta atendiendo a su edad y madurez.
El Tribunal Supremo ha señalado que incluso respecto de menores de 12 años debe valorarse si tienen suficiente madurez y que, si se decide no escucharlos, esa decisión debe estar suficientemente motivada.
Por tanto:
Menor de 12 años no significa menor sin voz.
¿Qué ocurre si el menor tiene 12 años o más?
En los procedimientos que afectan a su guarda y custodia, la audiencia adquiere una especial importancia.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reiterado que los mayores de 12 años deben ser escuchados en estos procedimientos y que no puede prescindirse de su audiencia sin una justificación adecuada.
Pero hay que insistir:
ser escuchado no significa decidir.
El juez sigue teniendo que adoptar la decisión que considere más adecuada para el interés superior del menor.
¿Puede el juez no escuchar a un menor de 12 años?
Puede haber circunstancias que justifiquen que no se practique directamente la audiencia, especialmente cuando el menor no tenga suficiente madurez o cuando la forma de exploración pueda resultar perjudicial para él.
Pero esa decisión debe estar motivada.
El Tribunal Supremo ha anulado resoluciones en las que se había prescindido de la audiencia de menores sin explicar suficientemente las razones.
Por tanto, no basta con afirmar simplemente:
«Es demasiado pequeño.»
Debe existir una valoración adecuada de su edad, madurez y circunstancias.
¿Qué pasa si el hijo dice algo diferente a cada progenitor?
También puede suceder.
Un menor puede expresar opiniones diferentes dependiendo de con quién esté hablando o sentirse presionado por la situación familiar.
Precisamente por eso, la audiencia debe desarrollarse con garantías y el tribunal debe valorar la coherencia y las circunstancias en las que se ha expresado la opinión.
Cuando existan dudas relevantes, pueden ser necesarios informes especializados.
La finalidad no es descubrir «a quién quiere más» el hijo, sino comprender qué necesita y qué régimen puede proteger mejor su bienestar.
Preguntas frecuentes
¿Un hijo puede elegir con qué progenitor vivir?
No puede decidirlo por sí solo. Puede expresar su opinión y esta debe ser valorada conforme a su edad y madurez.
¿A partir de los 12 años puede decidir?
No. A partir de esa edad adquiere especial relevancia su derecho a ser escuchado en los procedimientos de custodia, pero no obtiene la facultad de decidir por sí mismo.
¿Un menor de 12 años puede ser escuchado?
Sí. La ley reconoce el derecho del menor a ser oído y escuchado atendiendo a su edad y madurez.
¿El juez tiene que hacer lo que diga el hijo?
No. La opinión del menor es un elemento de valoración, pero la decisión debe responder al interés superior del menor.
¿Puede un hijo negarse a vivir con uno de sus padres?
Puede expresar su rechazo, pero eso no modifica automáticamente una resolución judicial. Es necesario analizar las razones de esa negativa y, si procede, solicitar una modificación de las medidas.
¿Puede el hijo cambiar una custodia compartida por una exclusiva?
No directamente. Si las circunstancias han cambiado, puede solicitarse una modificación de medidas y la opinión del menor podrá ser valorada dentro del procedimiento.
¿Qué ocurre si los padres presionan al hijo para elegir?
Es una situación especialmente perjudicial para el menor. Los progenitores deberían evitar colocarlo en la posición de tener que elegir entre ambos.
El hijo debe ser escuchado, pero no debe cargar con la decisión
Cuando un matrimonio se rompe, es normal que los progenitores tengan intereses diferentes sobre cómo organizar la vida de sus hijos.
Lo que no debería ocurrir es que el menor tenga que convertirse en el juez de su propia familia.
Un hijo puede tener una opinión. Puede expresar sus preferencias. Puede explicar con quién se siente más cómodo y cómo le gustaría organizar su vida.
Y esa opinión puede ser muy importante.
Pero la responsabilidad de tomar la decisión corresponde a los adultos: a los progenitores cuando alcanzan un acuerdo válido o, cuando existe conflicto, al juez.
El criterio que debe orientar esa decisión es siempre el interés superior del menor.
Por eso, la pregunta no debería ser únicamente:
«¿Con quién quiere vivir mi hijo?»
sino:
«¿Qué organización familiar necesita mi hijo para crecer con estabilidad y bienestar después de la separación?»
Esa es la cuestión que debe estar en el centro de cualquier decisión sobre custodia.
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¿En qué podemos ayudarle?
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La liquidación de la sociedad de gananciales requiere determinar qué bienes y deudas forman parte del patrimonio común y cómo deben repartirse entre los cónyuges.
Analizamos su situación patrimonial para establecer la estrategia jurídica más adecuada, buscando un reparto equilibrado y protegiendo sus derechos e intereses durante todo el proceso.
- 01 — Bienes gananciales y privativos
Analizamos qué bienes pertenecen a la sociedad de gananciales y cuáles tienen carácter privativo para determinar qué debe incluirse en la liquidación.
- 02 — Inventario y valoración de bienes
Preparamos y revisamos el inventario de bienes, derechos y obligaciones, incluyendo la valoración de los elementos que deben repartirse.
- 03 — Deudas y cargas de la sociedad
Determinamos qué deudas y obligaciones deben tenerse en cuenta y cómo deben distribuirse entre los cónyuges en el proceso de liquidación.
- 04 — Vivienda familiar y otros inmuebles
Analizamos la situación de la vivienda familiar y de otros bienes inmuebles, así como su adjudicación dentro de la liquidación.
- 05 — Reparto y adjudicación de bienes
Estudiamos las distintas alternativas para distribuir y adjudicar los bienes y derechos que forman parte de la sociedad de gananciales.
- 06 — Acuerdo o procedimiento judicial
Le asesoramos para formalizar la liquidación de mutuo acuerdo o, cuando no sea posible, para defender sus intereses en el procedimiento judicial correspondiente.
DERECHO DE FAMILIA
Aspectos jurídicos de la liquidación de gananciales
La liquidación de la sociedad de gananciales permite determinar qué bienes y deudas forman parte del patrimonio común y cómo deben repartirse tras su disolución. Analizamos cada caso para ordenar el patrimonio y defender sus intereses.
01 — Bienes gananciales y bienes privativos
La primera cuestión es determinar qué bienes tienen carácter ganancial y cuáles pertenecen exclusivamente a cada cónyuge.
Analizamos el origen de los bienes, las circunstancias de su adquisición y la documentación disponible para establecer qué debe incluirse en la liquidación.
02 — Inventario, valoración y deudas
La liquidación requiere identificar y valorar los bienes, derechos y obligaciones que forman parte de la sociedad de gananciales.
Revisamos el inventario, las cargas y las deudas existentes para determinar el patrimonio que debe ser objeto de reparto.
03 — Vivienda familiar y adjudicación de bienes
La vivienda familiar y otros bienes de especial valor pueden requerir un análisis específico dentro de la liquidación.
Estudiamos las distintas posibilidades de adjudicación y reparto para encontrar una solución adecuada a las circunstancias de cada caso.
04 — Acuerdo o procedimiento judicial
La liquidación puede realizarse de mutuo acuerdo o, cuando no existe consenso, mediante el procedimiento judicial correspondiente.
Le asesoramos durante la negociación y la formalización del reparto y defendemos sus intereses cuando es necesario acudir a los tribunales.
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Cuando un matrimonio se rompe, una de las cuestiones que con mayor frecuencia genera dudas y conflictos es determinar qué bienes pertenecen a ambos cónyuges y cuáles son propiedad exclusiva de uno
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DERECHO DE FAMILIA
Modificación de medidas
Las circunstancias familiares y económicas pueden cambiar con el tiempo. Analizamos su situación para determinar si procede modificar las medidas establecidas y encontrar la solución más adecuada.
DERECHO DE FAMILIA
Modificación de medidas
Las circunstancias familiares y económicas pueden cambiar con el tiempo y hacer necesario revisar las medidas establecidas tras una separación o divorcio.
En C&F Abogados analizamos cada situación para determinar si procede modificar las medidas y buscamos la solución más adecuada para las nuevas circunstancias familiares.
¿En qué podemos ayudarle?
- 01 — Analizar el cambio de circunstancias
Estudiamos qué ha cambiado desde que se establecieron las medidas y si ese cambio puede justificar su modificación.
- 02 — Revisar las medidas familiares
Valoramos posibles cambios en custodia, pensión de alimentos, régimen de visitas y otras medidas acordadas o establecidas judicialmente.
- 03 — Solicitar la modificación de medidas
Le asesoramos para alcanzar un acuerdo o, cuando sea necesario, solicitar judicialmente la modificación correspondiente.
DERECHO DE FAMILIA
Soluciones jurídicas adaptadas a sus nuevas circunstancias
Las medidas adoptadas tras una separación o un divorcio pueden necesitar una revisión cuando cambian las circunstancias familiares, personales o económicas.
Analizamos su situación concreta para determinar qué medidas pueden modificarse y cuál es la estrategia jurídica más adecuada para defender sus intereses y proteger el bienestar de su familia.
- 01 — Cambio de circunstancias
Las circunstancias familiares, personales o económicas pueden cambiar con el tiempo y justificar una revisión de las medidas establecidas.
- 02 — Modificación de la custodia
Analizamos si las nuevas circunstancias pueden justificar un cambio en el régimen de custodia, incluida la custodia compartida o exclusiva.
- 03 — Modificación de la pensión de alimentos
Estudiamos si procede aumentar, reducir o revisar la pensión de alimentos cuando cambian las necesidades de los hijos o la situación económica de los progenitores.
- 04 — Cambio del régimen de visitas
Valoramos modificaciones en visitas, estancias, vacaciones o comunicaciones cuando las circunstancias familiares requieren una nueva organización.
- 05 — Nuevas necesidades de los hijos
Analizamos si las nuevas necesidades personales, educativas o familiares de los hijos pueden justificar una modificación de las medidas existentes.
- 06 — Acuerdo o procedimiento judicial
Le asesoramos para alcanzar un acuerdo sobre la modificación de medidas o, cuando no sea posible, para solicitarla judicialmente.
DERECHO DE FAMILIA
Aspectos jurídicos de la modificación de medidas
Las medidas establecidas tras una separación o un divorcio pueden necesitar una revisión cuando cambian de forma relevante las circunstancias familiares, personales o económicas. Analizamos cada situación para determinar si procede solicitar su modificación.
01 — Cambio de circunstancias
La modificación de medidas requiere valorar qué ha cambiado respecto de la situación existente cuando se establecieron las medidas.
Analizamos las circunstancias actuales y su relevancia para determinar si existe una base suficiente para solicitar una modificación.
02 — Custodia y régimen de visitas
Los cambios en la situación familiar pueden hacer necesario revisar la custodia, las estancias, las visitas, las vacaciones o la comunicación con los hijos.
Valoramos las nuevas circunstancias y las necesidades de los menores para determinar qué medidas pueden resultar más adecuadas.
03 — Pensión de alimentos y necesidades de los hijos
Las necesidades de los hijos y la situación económica de los progenitores pueden cambiar con el tiempo.
Estudiamos si procede modificar la pensión de alimentos o adaptar otras medidas relacionadas con las nuevas circunstancias familiares.
04 — Acuerdo o procedimiento judicial
La modificación puede alcanzarse mediante acuerdo entre los progenitores o solicitarse judicialmente cuando no existe consenso.
Le asesoramos durante la negociación y, cuando sea necesario, defendemos sus intereses ante los tribunales.
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Abogados especialistas en pensión compensatoria
Te asesoramos sobre la pensión compensatoria, su establecimiento, modificación o extinción, valorando las circunstancias económicas y familiares de cada caso.
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Pensión compensatoria
La pensión compensatoria puede establecerse cuando la ruptura matrimonial provoca un desequilibrio económico en uno de los cónyuges respecto de la situación que tenía durante el matrimonio.
En C&F Abogados analizamos las circunstancias económicas y familiares de cada caso para determinar si procede solicitarla, cómo puede establecerse y qué alternativas existen.
¿En qué podemos ayudarle?
- 01 — Analizar el desequilibrio económico
Valoramos la situación económica de ambos cónyuges y las consecuencias de la ruptura.
- 02 — Determinar si procede la pensión
Estudiamos las circunstancias del matrimonio, la situación económica y los factores relevantes para establecerla.
- 03 — Acordar o reclamar la pensión
Le asesoramos para alcanzar un acuerdo o defender sus intereses cuando sea necesario acudir a la vía judicial.
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Soluciones jurídicas adaptadas a su situación económica
La ruptura matrimonial puede generar consecuencias económicas que requieren un análisis específico para determinar los derechos de cada cónyuge.
En C&F Abogados estudiamos las circunstancias económicas y familiares de cada caso para determinar si procede la pensión compensatoria y cuál es la estrategia jurídica más adecuada.
- 01 — Derecho a la pensión compensatoria
Analizamos si la ruptura matrimonial ha generado un desequilibrio económico que pueda justificar el establecimiento de una pensión compensatoria.
- 02 — Cuantía y forma de pago
Estudiamos las circunstancias económicas de ambos cónyuges para valorar la cuantía y la forma en que puede establecerse.
- 03 — Acuerdo o reclamación judicial
Le asesoramos para negociar y formalizar un acuerdo o, cuando no sea posible, reclamar la pensión por vía judicial.
- 04 — Modificación y extinción
Analizamos los cambios relevantes que puedan justificar una modificación o extinción de la pensión establecida.
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Aspectos jurídicos de la pensión compensatoria
La pensión compensatoria puede establecerse cuando la ruptura matrimonial provoca un desequilibrio económico entre los cónyuges. Conocer cuándo procede, cómo se determina y en qué circunstancias puede modificarse o extinguirse resulta esencial para proteger sus intereses.
01 — Cuándo puede establecerse
La pensión compensatoria está vinculada al desequilibrio económico que puede producirse como consecuencia de la separación o el divorcio. Analizamos las circunstancias de ambos cónyuges para determinar si existe una situación que pueda justificar su establecimiento.
También estudiamos las diferentes circunstancias económicas, familiares y personales que deben valorarse en cada caso.
02 — Cuantía y forma de pago
La cuantía de la pensión debe determinarse atendiendo a las circunstancias concretas de cada situación y a la realidad económica de ambos cónyuges.
Valoramos los ingresos, recursos y demás circunstancias relevantes para analizar la cuantía que puede resultar adecuada y la forma en que puede establecerse.
03 — Acuerdo o procedimiento judicial
La pensión compensatoria puede establecerse de mutuo acuerdo entre los cónyuges o determinarse judicialmente cuando no existe consenso.
Le asesoramos durante la negociación y la formalización del acuerdo y, cuando sea necesario, defendemos sus intereses durante el procedimiento correspondiente.
04 — Modificación y extinción
Las circunstancias económicas y personales pueden cambiar con el tiempo y afectar a la pensión inicialmente establecida.
Analizamos si esos cambios pueden justificar una modificación o extinción de la pensión y le asesoramos sobre las acciones que, en su caso, puedan resultar necesarias.
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