El impago de una factura puede convertirse en un problema importante para una empresa, especialmente cuando afecta a varias operaciones o a una cantidad relevante para su tesorería.
Cuando un cliente no paga dentro del plazo acordado, la empresa no tiene por qué limitarse a esperar. Existen diferentes vías para reclamar la deuda, desde una reclamación extrajudicial hasta la correspondiente reclamación judicial.
Además, una reclamación bien preparada desde el principio permite conservar pruebas, calcular correctamente las cantidades reclamables y decidir con mayor seguridad qué actuación conviene realizar.
1. Comprobar que la factura está correctamente emitida
Antes de iniciar una reclamación conviene comprobar que la factura y la operación que la origina son correctas.
La empresa debe revisar especialmente:
- Identidad del cliente.
- Concepto facturado.
- Importe.
- IVA y demás conceptos fiscales que correspondan.
- Fecha de emisión.
- Fecha de vencimiento.
- Condiciones de pago.
- Contrato, presupuesto o pedido que origina la factura.
También es importante comprobar que el servicio se haya prestado o que los productos se hayan entregado conforme a lo acordado.
Una factura impagada será más sencilla de reclamar cuando la empresa pueda acreditar claramente qué se vendió o qué servicio se prestó, cuál era el precio y cuándo debía pagarse.
2. Comprobar cuándo venció la deuda
El siguiente paso consiste en determinar si la factura está realmente vencida.
En las operaciones comerciales entre empresas, la Ley 3/2004 establece reglas específicas sobre los plazos de pago. Cuando no se ha pactado un plazo, el plazo legal general es de 30 días naturales en los términos establecidos por la normativa. Si existe un plazo pactado, debe respetar los límites legales y, con carácter general, no puede superar los 60 días naturales.
Por tanto, antes de reclamar conviene comprobar:
Fecha de la operación → recepción de bienes o servicios → emisión y recepción de la factura → vencimiento.
Esta comprobación es especialmente importante cuando existen procedimientos de aceptación o comprobación de los bienes o servicios.
3. Revisar si existen motivos alegados por el cliente para no pagar
No todo impago significa necesariamente que el cliente carezca de motivos para oponerse al pago.
Antes de reclamar conviene comprobar si el cliente ha comunicado alguna incidencia relacionada con:
- Productos defectuosos.
- Servicios prestados incorrectamente.
- Diferencias entre lo contratado y lo entregado.
- Facturación incorrecta.
- Incumplimiento de plazos.
- Compensaciones o descuentos pactados.
- Incidencias pendientes de resolver.
Si el cliente ha cuestionado la factura, la empresa debe analizar primero el motivo de la discrepancia.
Esto puede ser especialmente importante antes de iniciar una reclamación judicial, porque una oposición posterior puede convertir una reclamación aparentemente sencilla en un procedimiento contencioso.
4. Reunir toda la documentación
Una reclamación de deuda debe estar respaldada por documentación suficiente.
Conviene reunir y conservar, entre otros documentos:
- Contrato.
- Presupuesto aceptado.
- Pedido.
- Factura.
- Albarán de entrega.
- Parte de trabajo.
- Justificante de prestación del servicio.
- Correos electrónicos.
- Mensajes relacionados con la operación.
- Comunicaciones sobre el vencimiento.
- Reconocimientos de deuda.
- Reclamaciones anteriores.
La factura por sí sola puede ser un documento importante, pero disponer de documentación complementaria permite acreditar con mayor claridad el origen y exigibilidad de la deuda.
La Ley de Enjuiciamiento Civil contempla expresamente las facturas, albaranes, certificaciones y otros documentos comerciales como medios que pueden servir para acreditar una deuda en un procedimiento monitorio. Poder Judicial
5. Reclamar extrajudicialmente la factura
Una vez comprobada la deuda, normalmente conviene realizar una reclamación extrajudicial antes de acudir a los tribunales.
La reclamación debería identificar claramente:
- La factura o facturas pendientes.
- El importe reclamado.
- La fecha de vencimiento.
- Los intereses que, en su caso, correspondan.
- El plazo concedido para pagar.
- La forma de realizar el pago.
- Las consecuencias de no atender el requerimiento.
El objetivo no es simplemente recordar al cliente que existe una factura pendiente. Es dejar constancia clara de que la empresa reclama formalmente una deuda vencida.
El medio utilizado debe permitir conservar prueba suficiente de la comunicación y de su contenido.
6. ¿Puede reclamar intereses de demora?
Sí, cuando concurran los requisitos establecidos por la normativa aplicable.
En las operaciones comerciales incluidas en la Ley 3/2004, el deudor incurre en mora automáticamente cuando no paga dentro del plazo pactado o legalmente establecido, sin necesidad de que el acreedor tenga que realizar previamente una reclamación para que nazca la mora.
El interés de demora será el pactado y, en defecto de pacto, se aplica el tipo legal previsto por la Ley 3/2004, calculado conforme al tipo de referencia del Banco Central Europeo más ocho puntos porcentuales.
Por ello, al preparar una reclamación conviene calcular correctamente:
Principal + intereses de demora + costes de cobro que puedan corresponder.
7. ¿Puede reclamarse una cantidad adicional por los costes de cobro?
La Ley 3/2004 reconoce, cuando concurren sus requisitos, una cantidad fija de 40 euros en concepto de indemnización por costes de cobro, además del derecho a reclamar determinados costes adicionales debidamente acreditados que superen esa cantidad.
Esto debe analizarse en cada caso y teniendo en cuenta la naturaleza de la deuda y las circunstancias concretas de la reclamación.
Por tanto, al reclamar una factura impagada entre empresas no conviene limitarse automáticamente al importe que aparece en la factura.
8. Si el cliente no paga, valorar la vía judicial
Si el requerimiento extrajudicial no consigue el pago, la empresa puede valorar acudir a los tribunales.
Una de las vías habituales para reclamar determinadas deudas dinerarias es el procedimiento monitorio.
Este procedimiento puede utilizarse cuando existe una deuda dineraria vencida y exigible y puede acreditarse mediante los documentos previstos legalmente. Entre ellos se encuentran las facturas, albaranes y otros documentos que habitualmente acreditan relaciones comerciales. Poder Judicial
El procedimiento monitorio puede ser especialmente útil cuando la deuda está suficientemente documentada y no existe, inicialmente, una controversia compleja sobre su origen.
9. Una novedad importante: la negociación previa antes del monitorio
Desde el 3 de abril de 2025, la Ley Orgánica 1/2025 introdujo con carácter general el requisito de acudir previamente a un medio adecuado de solución de controversias —MASC— en los asuntos civiles y mercantiles sujetos a esta regulación.
El procedimiento monitorio no figura entre las excepciones expresamente previstas por la norma. Los criterios judiciales publicados desde la entrada en vigor de la reforma han considerado, con carácter general, que el requisito también resulta aplicable al monitorio.
Esto significa que, antes de presentar una reclamación monitoria, no basta con preparar la factura y el resto de documentación. También debe analizarse el cumplimiento del requisito de procedibilidad y dejar constancia documental del intento de negociación.
La actividad negociadora puede realizarse mediante diferentes mecanismos. La propia normativa contempla, entre otros, la negociación directa entre las partes o a través de sus abogados, la mediación, la conciliación o una oferta vinculante confidencial.
La documentación que acredite el intento de negociación debe conservarse adecuadamente.
10. ¿Qué ocurre si el deudor se opone al monitorio?
El procedimiento monitorio no garantiza que el deudor vaya a pagar simplemente porque se presente la reclamación.
El deudor puede pagar, no comparecer u oponerse a la reclamación.
Si existe oposición, el procedimiento puede continuar por la vía procesal que corresponda en función de la cuantía y de las circunstancias del caso.
Por eso, antes de iniciar el monitorio conviene valorar no solamente la documentación de la deuda, sino también la posibilidad de que el cliente discuta:
- La existencia del contrato.
- La prestación realizada.
- El precio.
- La calidad de los productos o servicios.
- El vencimiento.
- La cuantía reclamada.
- La existencia de compensaciones u otras circunstancias.
Una buena preparación previa permite anticipar mejor estas posibles objeciones.
11. ¿Hace falta abogado para reclamar una factura?
La petición inicial del procedimiento monitorio está exceptuada de la intervención preceptiva de abogado y procurador.
Sin embargo, cuando el procedimiento continúa por oposición o se pasa a una fase de ejecución en los supuestos en que la ley exige su intervención, puede ser necesaria la asistencia de estos profesionales.
El Consejo General del Poder Judicial señala, además, que para la petición inicial del monitorio no es necesario abogado ni procurador y que, en determinados supuestos superiores a 2.000 euros, sí resulta necesaria su intervención en las fases posteriores correspondientes. Poder Judicial
En la práctica, cuando la deuda presenta cierta complejidad o existe riesgo de oposición, puede ser conveniente preparar jurídicamente la reclamación desde el principio.
12. No dejar pasar el tiempo
Una factura impagada no debería permanecer indefinidamente sin reclamar.
Además de los problemas de tesorería, el transcurso del tiempo puede dificultar la conservación de documentación, la localización de comunicaciones o la acreditación de determinados hechos.
La empresa debería disponer de un procedimiento interno para detectar las facturas vencidas y decidir cuándo realizar el primer requerimiento y cuándo escalar la reclamación.
Esto resulta especialmente importante cuando existen varios impagos del mismo cliente.
13. Si existen varias facturas impagadas
Cuando un mismo cliente acumula varias facturas pendientes, conviene analizar conjuntamente la situación.
Debe comprobarse:
- Qué facturas están vencidas.
- Cuáles han sido reclamadas.
- Qué cantidades han sido pagadas parcialmente.
- Si existen facturas discutidas.
- Qué intereses corresponden.
- Si todas proceden de la misma relación contractual.
- Si existen compensaciones o créditos a favor del cliente.
No siempre será adecuado tratar todas las facturas exactamente de la misma manera.
La estrategia dependerá de la documentación disponible, del origen de las deudas y de las circunstancias concretas del cliente.
14. La reclamación debe estar correctamente documentada
Uno de los errores más frecuentes consiste en esperar demasiado tiempo y comenzar a recopilar documentación solamente cuando se decide acudir a los tribunales.
Es preferible que la empresa mantenga desde el inicio un expediente organizado de cada deuda relevante.
Una buena documentación permite acreditar:
qué se contrató → qué se entregó o realizó → cuánto debía pagarse → cuándo venció → qué se reclamó → qué respondió el cliente.
Esta trazabilidad puede resultar fundamental si finalmente es necesario iniciar un procedimiento judicial.
Reclamar una factura impagada requiere actuar con método
Cuando un cliente deja de pagar una factura, la empresa debería actuar de forma ordenada y no limitarse a enviar recordatorios sucesivos sin una estrategia definida.
El primer paso consiste en comprobar que la deuda existe, está vencida y puede acreditarse. Después conviene realizar un requerimiento formal y valorar las cantidades adicionales que puedan corresponder, incluidos los intereses de demora y, cuando proceda, los costes de cobro.
Si el cliente continúa sin pagar, deberá analizarse la vía judicial adecuada y, en los procedimientos civiles sujetos a la Ley Orgánica 1/2025, el cumplimiento previo del requisito de negociación.
Una reclamación bien preparada desde el principio puede facilitar la recuperación de la deuda y evitar que un impago termine afectando innecesariamente a la actividad de la empresa.
Una empresa puede desarrollar su actividad con normalidad y, sin embargo, encontrarse ante un riesgo penal derivado de determinadas actuaciones realizadas dentro de su organización.
Desde la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal, determinadas empresas pueden responder penalmente por delitos cometidos por sus representantes, administradores o empleados cuando concurren las circunstancias establecidas legalmente.
Esto significa que el riesgo penal no afecta únicamente a las grandes empresas. También puede afectar a pequeñas y medianas empresas cuando determinadas conductas se realizan en su nombre, por su cuenta o en su beneficio y concurren los requisitos establecidos por la ley.
La prevención de estos riesgos requiere conocer cómo funciona la responsabilidad penal de la empresa y establecer medidas de organización y control adecuadas a su actividad.
1. ¿Puede una empresa cometer un delito?
Sí, pero es importante precisar cómo funciona jurídicamente esta responsabilidad.
El Artículo 31 bis del Código Penal (BOE) establece que, en los supuestos expresamente previstos por la propia legislación penal, las personas jurídicas pueden responder por determinados delitos cometidos:
- En nombre o por cuenta de la empresa y en su beneficio directo o indirecto por sus representantes legales o personas con facultades de decisión, organización y control.
- Por personas sometidas a la autoridad de las anteriores, cuando hayan podido cometer el delito debido a un incumplimiento grave de los deberes de supervisión, vigilancia y control.
Por tanto, no cualquier delito cometido por un trabajador genera automáticamente responsabilidad penal para la empresa.
Es necesario que el delito sea uno de aquellos para los que el Código Penal contempla responsabilidad de la persona jurídica y que concurran las circunstancias previstas legalmente.
2. ¿La empresa responde automáticamente por lo que haga un administrador o trabajador?
No.
Esta cuestión es especialmente importante para las pymes.
La responsabilidad penal de la persona jurídica no debe confundirse con una responsabilidad automática por los actos realizados por una persona física vinculada a la empresa.
El Tribunal Supremo ha señalado que la responsabilidad penal de la persona jurídica tiene que fundamentarse en un hecho propio de la entidad y no simplemente en trasladar a la empresa la responsabilidad de la persona física.
En una sentencia de 11 de abril de 2025, el Tribunal Supremo volvió a señalar que no basta con atribuir a la persona jurídica los mismos hechos imputados al administrador. La responsabilidad debe relacionarse con las circunstancias propias de la organización y, en particular, con posibles deficiencias en sus sistemas de prevención, vigilancia y control.
Esto es especialmente relevante para entender el papel del compliance penal.
3. ¿Qué delitos pueden generar responsabilidad para una empresa?
La responsabilidad penal de las personas jurídicas no se aplica a todos los delitos.
El Código Penal establece específicamente los delitos en los que puede existir responsabilidad de la empresa.
Entre las materias en las que puede aparecer este riesgo se encuentran, entre otras:
- Estafas.
- Delitos contra la Hacienda Pública.
- Delitos contra la Seguridad Social.
- Delitos de corrupción.
- Delitos de blanqueo de capitales.
- Delitos contra el medio ambiente.
- Determinados delitos contra los trabajadores.
- Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial.
- Determinados delitos relacionados con la protección de datos y sistemas informáticos.
- Delitos de financiación ilegal de partidos políticos, en los supuestos legalmente previstos.
La lista no debe interpretarse como una responsabilidad general de la empresa frente a cualquier conducta delictiva. Es necesario comprobar en cada caso si el delito concreto contempla responsabilidad penal de la persona jurídica y si concurren los requisitos establecidos.
4. ¿Qué importancia tiene el beneficio para la empresa?
El beneficio directo o indirecto para la persona jurídica es uno de los elementos relevantes del artículo 31 bis.
Por ejemplo, determinadas actuaciones realizadas por un administrador o representante pueden generar responsabilidad de la empresa cuando se realizan en su nombre o por su cuenta y buscan un beneficio para ella.
El Tribunal Supremo ha señalado que este requisito de beneficio para la persona jurídica es un elemento indispensable para la responsabilidad prevista en el artículo 31 bis.
Esto no significa necesariamente que la empresa haya obtenido finalmente un beneficio económico. La ley contempla tanto el beneficio directo como el indirecto y las circunstancias deben analizarse en cada caso.
5. ¿Qué es un programa de compliance penal?
Un programa de compliance penal es un sistema de organización y control destinado a identificar y gestionar los riesgos de comisión de determinados delitos dentro de la empresa.
No consiste simplemente en disponer de un documento denominado «compliance».
El artículo 31 bis exige que los modelos de organización y gestión incorporen diferentes elementos, entre ellos:
- Identificación de las actividades en las que pueden cometerse delitos.
- Protocolos para la adopción y ejecución de decisiones.
- Sistemas de gestión de recursos financieros adecuados para prevenir los delitos identificados.
- Obligación de comunicar posibles riesgos e incumplimientos.
- Sistema disciplinario.
- Verificación periódica del modelo y su modificación cuando resulte necesaria.
Por tanto, el modelo debe estar conectado con la actividad real de la empresa y funcionar en la práctica.
6. ¿Necesita una pyme un programa de compliance?
No existe una respuesta idéntica para todas las empresas.
Una pequeña empresa debe valorar sus riesgos reales teniendo en cuenta su actividad, estructura, relaciones comerciales, operaciones y organización interna.
Además, el propio Código Penal contempla una particularidad para las personas jurídicas de pequeñas dimensiones: las funciones de supervisión del modelo pueden ser asumidas directamente por el órgano de administración cuando se trate de entidades autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.
Esto no significa que una pequeña empresa quede fuera de la prevención penal.
Significa que las medidas de organización y control pueden adaptarse a su dimensión y estructura.
La Fiscalía también ha señalado que los modelos de las pequeñas organizaciones deben adaptarse razonablemente a sus características, sin exigir una estructura equivalente a la de una gran corporación.
7. ¿Qué ocurre si la empresa tiene un modelo de prevención eficaz?
La existencia de un modelo adecuado y eficaz puede tener una importancia decisiva.
Cuando el delito ha sido cometido por las personas que ejercen funciones de representación, administración, organización o control, el Código Penal establece determinadas condiciones que pueden permitir la exención de responsabilidad de la persona jurídica.
Entre ellas se encuentra que, antes de la comisión del delito:
- El órgano de administración haya adoptado y ejecutado eficazmente un modelo adecuado.
- La supervisión haya sido atribuida al órgano correspondiente con autonomía de iniciativa y control.
- El autor haya eludido fraudulentamente las medidas de prevención.
- No haya existido una omisión o ejercicio insuficiente de las funciones de supervisión.
Cuando estas circunstancias solo puedan acreditarse parcialmente, pueden tener efectos sobre la pena.
Cuando el delito haya sido cometido por personas sometidas a la autoridad de los responsables de la empresa, el Código Penal establece también una regulación específica sobre la eficacia previa del modelo de organización y gestión.
8. ¿Qué consecuencias puede tener para una empresa?
Las consecuencias pueden ser importantes.
El Código Penal contempla para las personas jurídicas diferentes penas, entre ellas:
- Multas.
- Disolución de la persona jurídica.
- Suspensión de actividades.
- Clausura de locales o establecimientos.
- Prohibición de realizar determinadas actividades.
- Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas o contratar con el sector público, en los términos legalmente establecidos.
- Intervención judicial.
La pena aplicable dependerá del delito cometido y de las circunstancias concretas del caso.
Por ello, el riesgo penal no debe analizarse únicamente desde el punto de vista de una posible multa. Algunas de las consecuencias previstas pueden afectar directamente a la continuidad o funcionamiento de la empresa.
9. ¿Puede responder también personalmente el administrador?
Sí.
La responsabilidad penal de la empresa no elimina necesariamente la responsabilidad de las personas físicas que hayan intervenido en los hechos.
Empresa y administrador pueden encontrarse sometidos a responsabilidades diferentes dependiendo de las circunstancias.
El Código Penal regula expresamente la responsabilidad de quienes actúan como administradores de hecho o de derecho y contempla además situaciones en las que pueden existir responsabilidades tanto de la persona física como de la persona jurídica.
Por eso, ante una situación con posibles implicaciones penales, es importante analizar separadamente la posición de la empresa y la de las personas que hayan intervenido en los hechos.
10. ¿Qué debería hacer una pyme para prevenir riesgos penales?
La prevención debería comenzar por identificar los riesgos que realmente pueden producirse dentro de la actividad empresarial.
No tiene sentido aplicar exactamente el mismo modelo a una empresa de transporte, una empresa tecnológica, una constructora o un despacho profesional.
Entre las medidas que pueden resultar útiles se encuentran:
- Identificar las principales áreas de riesgo penal.
- Establecer reglas internas claras.
- Definir quién puede adoptar determinadas decisiones.
- Establecer controles sobre pagos y operaciones económicas.
- Regular las relaciones con clientes, proveedores y terceros.
- Establecer mecanismos para comunicar posibles incumplimientos.
- Formar a las personas que intervienen en áreas de riesgo.
- Documentar las decisiones relevantes.
- Establecer medidas disciplinarias cuando proceda.
- Revisar periódicamente el sistema de prevención.
La clave está en que estas medidas sean proporcionales a la actividad y a la estructura de la empresa y que realmente se apliquen.
11. Un documento de compliance no es suficiente
Uno de los errores que conviene evitar es considerar que disponer de un documento formal significa que la empresa ya tiene un sistema eficaz de prevención.
El Código Penal exige modelos de organización y gestión que identifiquen riesgos, establezcan procedimientos, incorporen controles y sean objeto de verificación y actualización.
Por ello, un programa de prevención que nunca se aplica, no se revisa o no se adapta a los cambios de la empresa puede tener una utilidad muy limitada.
El Tribunal Supremo ha insistido precisamente en que la responsabilidad de la persona jurídica debe relacionarse con su propia organización y con la existencia o deficiencia de mecanismos de prevención y control.
La prevención penal también puede ser relevante para una pyme
La responsabilidad penal de las empresas no es una cuestión reservada exclusivamente a grandes compañías.
Una pyme puede tener riesgos derivados de su actividad, de la actuación de sus administradores, de sus trabajadores o de las relaciones que mantiene con terceros.
La respuesta no consiste necesariamente en implantar una estructura compleja. Lo importante es identificar los riesgos que realmente afectan a la empresa y establecer medidas de prevención y control adecuadas a su dimensión y actividad.
Un sistema de prevención correctamente diseñado puede ayudar a detectar problemas antes de que se conviertan en una infracción y a demostrar que la empresa ha adoptado medidas razonables de organización, vigilancia y control.
Cada empresa presenta unos riesgos penales diferentes. Analizar su actividad y estructura permite determinar qué medidas de prevención pueden resultar necesarias y cómo integrarlas en su funcionamiento habitual.
Las pequeñas y medianas empresas mantienen relaciones constantes con proveedores de productos, servicios, tecnología, suministros, mantenimiento, transporte o servicios profesionales.
En muchas ocasiones, estas relaciones comienzan con un presupuesto, un pedido o unas condiciones generales que se aceptan sin revisar detenidamente. Sin embargo, las condiciones pactadas pueden determinar qué ocurre si el proveedor se retrasa, entrega productos defectuosos, modifica sus precios o deja de prestar el servicio.
Por eso, antes de firmar un contrato con un proveedor conviene revisar sus principales condiciones y comprobar que los riesgos más relevantes para la empresa están correctamente regulados.
1. Qué se está contratando exactamente
Uno de los primeros aspectos que conviene revisar es el objeto del contrato.
Debe quedar suficientemente claro qué productos o servicios debe proporcionar el proveedor, cuáles son sus características y qué obligaciones concretas asume.
Cuanto más precisa sea esta definición, más sencillo será determinar posteriormente si existe un incumplimiento.
En función de la actividad, puede ser necesario concretar:
- Características y especificaciones de los productos.
- Cantidades.
- Servicios incluidos.
- Niveles de calidad.
- Plazos de entrega o prestación.
- Lugar de entrega.
- Servicios de mantenimiento o asistencia.
- Documentación que debe proporcionar el proveedor.
Las condiciones técnicas también pueden incorporarse mediante anexos, pedidos, fichas técnicas o documentos complementarios.
2. Precio y posibles modificaciones
El precio es otro de los elementos que conviene revisar con especial atención.
No basta con conocer el precio inicial. También es importante comprobar si el contrato permite al proveedor modificarlo posteriormente y en qué circunstancias.
Conviene analizar especialmente:
- Si el precio es fijo o revisable.
- Cuándo puede producirse una revisión.
- Qué índice o criterio se utilizará.
- Si existe un límite a la subida.
- Con cuánto tiempo debe comunicarse.
- Qué ocurre si la empresa no acepta la modificación.
Una cláusula que permita modificar el precio de forma amplia o poco determinada puede generar incertidumbre sobre el coste real de la relación contractual.
Por ello, cuando la estabilidad del precio sea importante para la empresa, conviene regular claramente las condiciones de cualquier revisión.
3. Plazos de entrega y cumplimiento del proveedor
El contrato debería establecer de forma clara cuándo debe entregar los productos o prestar los servicios el proveedor.
También conviene determinar qué ocurre si se produce un retraso.
No todos los retrasos tendrán necesariamente las mismas consecuencias. Su importancia dependerá de lo pactado, de la duración del retraso y de los efectos que produzca sobre la empresa.
Por ejemplo, un retraso puede provocar:
- Paralización de una actividad.
- Incumplimiento frente a clientes.
- Costes adicionales.
- Necesidad de contratar otro proveedor.
- Pérdida de ventas.
- Daños o perjuicios.
Por ello, cuando los plazos sean especialmente relevantes, puede ser conveniente establecer mecanismos específicos de penalización, compensación o resolución.
4. Calidad, conformidad y productos defectuosos
Cuando el proveedor entrega productos, materiales o equipos, es importante determinar qué requisitos deben cumplir y cómo se comprobará su conformidad.
El contrato puede establecer procedimientos para:
- Revisar los productos recibidos.
- Comunicar defectos o incidencias.
- Solicitar sustituciones.
- Realizar reparaciones.
- Rechazar productos que no cumplan las especificaciones.
- Establecer garantías.
- Determinar quién asume determinados costes.
También conviene establecer qué plazo tiene la empresa para comunicar una incidencia y cómo debe realizarse dicha comunicación.
Una regulación clara facilita la gestión de los problemas cuando la mercancía recibida no coincide con lo contratado.
5. Condiciones y plazos de pago
Las condiciones de pago deben revisarse antes de firmar el contrato.
Debe comprobarse cuándo nace la obligación de pago, qué documentación debe aportar el proveedor y cuál es el procedimiento para aceptar los bienes o servicios.
En las operaciones comerciales entre empresas, la normativa sobre morosidad establece reglas específicas sobre los plazos de pago. Cuando no existe un plazo pactado, el plazo legal general es de 30 días en los términos establecidos por la normativa, y el plazo pactado no puede superar determinados límites. También pueden generarse intereses de demora cuando se incumple el plazo de pago aplicable.
Por ello, conviene evitar cláusulas ambiguas sobre facturación, aceptación y vencimiento.
6. Responsabilidad por incumplimiento
El contrato debería determinar, en la medida en que sea jurídicamente posible, qué consecuencias tendrá un incumplimiento del proveedor.
Puede ser especialmente importante regular qué ocurre cuando:
- No entrega los productos.
- Los entrega tarde.
- Los productos presentan defectos.
- El servicio no se presta correctamente.
- Incumple determinadas especificaciones.
- Se producen daños como consecuencia de su actuación.
En determinados contratos también pueden establecerse penalizaciones por incumplimiento o mecanismos para calcular determinadas compensaciones.
La finalidad no es prever todas las situaciones posibles, sino establecer unas reglas suficientemente claras para los incumplimientos que puedan afectar de forma relevante a la empresa.
7. Duración, renovación y resolución
Otro aspecto que suele pasar desapercibido es la duración del contrato.
Antes de firmar conviene comprobar:
- Cuándo comienza y termina.
- Si existe renovación automática.
- Con cuánto tiempo debe comunicarse la voluntad de no renovar.
- En qué circunstancias puede resolverse anticipadamente.
- Qué ocurre si una de las partes incumple.
- Qué obligaciones permanecen después de la finalización.
Las cláusulas de renovación automática pueden ser especialmente relevantes cuando la empresa debe comunicar con antelación su voluntad de no continuar.
También conviene distinguir entre la finalización normal del contrato y la posibilidad de resolverlo anticipadamente por incumplimiento.
8. Exclusividad y dependencia de un proveedor
Algunos contratos establecen obligaciones de exclusividad.
Antes de aceptarlas conviene analizar qué consecuencias pueden tener para la empresa.
Una exclusividad puede limitar la posibilidad de contratar con otros proveedores o dificultar la sustitución del proveedor actual si aparecen problemas.
También debe valorarse el grado de dependencia económica u operativa que puede generarse.
Cuando un proveedor es esencial para la actividad, puede ser conveniente prever mecanismos que permitan reaccionar ante interrupciones del suministro, incumplimientos graves o problemas de continuidad.
9. Confidencialidad y protección de la información
La relación con un proveedor puede implicar el acceso a información comercial, técnica o estratégica de la empresa.
Por ejemplo:
- Información sobre clientes.
- Precios.
- Procesos internos.
- Información financiera.
- Datos técnicos.
- Estrategias comerciales.
- Documentación empresarial.
Cuando esta información tenga carácter confidencial, conviene establecer obligaciones claras sobre su utilización, conservación y divulgación.
También debe analizarse si el proveedor tendrá acceso a datos personales y, en ese caso, si la relación requiere adoptar medidas específicas en materia de protección de datos.
10. Subcontratación y cesión del contrato
No siempre será el propio proveedor quien ejecute directamente todas las obligaciones asumidas.
Puede recurrir a terceros para realizar parte de los trabajos o servicios.
Por ello, conviene comprobar si el contrato permite la subcontratación y en qué condiciones.
También puede ser importante regular si el proveedor puede ceder el contrato a otra empresa sin autorización previa.
Estas cuestiones pueden tener especial importancia cuando la empresa ha seleccionado al proveedor precisamente por sus conocimientos, experiencia o capacidad técnica.
11. Qué ocurre si el proveedor incumple
Si el proveedor incumple sus obligaciones, la empresa debe poder acreditar qué se había pactado y qué ha sucedido realmente.
Por ello es importante conservar:
- Contrato y anexos.
- Presupuestos.
- Pedidos.
- Facturas.
- Albaranes.
- Comunicaciones.
- Correos electrónicos.
- Fotografías o informes de incidencias.
- Documentación sobre los daños producidos.
Cuando existe un problema, revisar esta documentación permite determinar con mayor precisión qué obligaciones se han incumplido y qué opciones puede tener la empresa.
Dependiendo de las circunstancias, puede plantearse exigir el cumplimiento, solicitar la reparación o sustitución, reclamar los daños que correspondan o valorar la resolución del contrato.
12. Revisar el contrato antes de firmarlo
La revisión jurídica de un contrato con proveedores no consiste únicamente en comprobar que el precio sea correcto.
También conviene analizar qué riesgos asume la empresa si las cosas no salen como estaba previsto.
Antes de firmar, resulta recomendable revisar especialmente:
- Objeto y alcance del contrato.
- Precio y revisión de tarifas.
- Plazos de entrega.
- Calidad y garantías.
- Condiciones de pago.
- Penalizaciones.
- Responsabilidad.
- Duración y renovación.
- Resolución anticipada.
- Exclusividad.
- Confidencialidad.
- Subcontratación.
- Jurisdicción y mecanismos de resolución de conflictos.
Una revisión previa puede permitir negociar determinadas condiciones antes de que el contrato quede firmado.
Un contrato bien revisado puede prevenir conflictos
Los problemas con proveedores suelen aparecer cuando una relación comercial que parecía sencilla deja de funcionar como estaba previsto.
Un retraso, un producto defectuoso, una subida de precio o una interrupción del servicio pueden tener consecuencias importantes para una pequeña empresa si el contrato no establece claramente cómo debe actuarse.
Por eso, revisar las condiciones antes de firmar permite conocer mejor las obligaciones de cada parte, identificar los riesgos principales y negociar aquellos aspectos que puedan afectar a la actividad de la empresa.
Cada relación con un proveedor tiene sus propias características. Analizar el contrato y las circunstancias concretas de la operación permite reducir riesgos y afrontar con mayor seguridad posibles conflictos futuros.
Una pequeña empresa puede enfrentarse a numerosos riesgos jurídicos en el desarrollo de su actividad, incluso aunque aparentemente funcione con normalidad. Contratos mal redactados, facturas impagadas, conflictos laborales, problemas con proveedores, protección de datos o incumplimientos normativos pueden generar costes y responsabilidades que afectan directamente al negocio.
Por eso, la prevención jurídica no debería limitarse a actuar cuando aparece un conflicto. Revisar previamente las principales áreas de riesgo permite detectar problemas, tomar decisiones con mayor seguridad y evitar que una cuestión aparentemente menor termine convirtiéndose en una reclamación o un procedimiento judicial.
1. Riesgos derivados de los contratos
Los contratos forman parte de la actividad diaria de cualquier empresa. Acuerdos con clientes, proveedores, colaboradores, distribuidores o empresas de servicios pueden generar obligaciones importantes para ambas partes.
Uno de los riesgos más habituales aparece cuando se utilizan contratos genéricos o modelos que no se adaptan realmente a la operación que se pretende realizar.
Antes de firmar un contrato conviene revisar, entre otras cuestiones:
- Qué obligaciones asume cada parte.
- Los precios y condiciones de pago.
- Los plazos de entrega o prestación del servicio.
- Las condiciones de resolución.
- Las penalizaciones por incumplimiento.
- La responsabilidad por daños.
- Las condiciones de modificación del contrato.
- La forma de resolver posibles conflictos.
Un contrato mal planteado puede dificultar posteriormente la reclamación de una deuda o la resolución de un incumplimiento.
2. Impagos y reclamaciones de deudas
Otro riesgo frecuente para las pequeñas empresas es el impago de facturas.
Un cliente que no paga puede afectar directamente a la tesorería de la empresa, especialmente cuando se trata de un negocio con pocos clientes o con márgenes reducidos.
Además del importe principal, pueden existir derechos relacionados con los intereses de demora y los costes de reclamación cuando se cumplen los requisitos legales correspondientes.
Por eso es importante conservar correctamente presupuestos, contratos, pedidos, albaranes, facturas, comunicaciones y cualquier otra documentación que permita acreditar la operación.
Una reclamación correctamente documentada puede facilitar tanto la negociación extrajudicial como, en su caso, la posterior reclamación judicial.
3. Riesgos laborales
La relación con los trabajadores es otra de las áreas que puede generar importantes riesgos jurídicos.
Contratación, jornada, salario, vacaciones, modificaciones de las condiciones de trabajo, sanciones, despidos o accidentes laborales son algunas de las situaciones que requieren cumplir determinados requisitos.
Los errores en esta materia pueden terminar en reclamaciones de cantidad, procedimientos por despido, conflictos laborales o actuaciones de la Inspección de Trabajo.
La prevención comienza por mantener correctamente documentadas las relaciones laborales y revisar las decisiones que puedan afectar a los trabajadores antes de adoptarlas.
Además, la normativa laboral continúa evolucionando. En septiembre de 2026, por ejemplo, se ha aprobado una nueva regulación sobre la información que debe facilitarse a los trabajadores acerca de los elementos esenciales de su contrato y de las principales condiciones de ejecución del trabajo.
4. Protección de datos e información confidencial
Las empresas manejan habitualmente información de clientes, trabajadores, proveedores y colaboradores.
La gestión incorrecta de estos datos puede generar responsabilidades y reclamaciones, especialmente cuando se utilizan sistemas informáticos, cámaras de videovigilancia, herramientas de comunicación o plataformas digitales.
También debe prestarse atención a la información confidencial de la propia empresa: precios, contratos, bases de datos, información comercial, procedimientos internos o información de clientes.
La protección jurídica de esta información debe abordarse tanto desde el cumplimiento de la normativa de protección de datos como desde la adecuada regulación contractual de la confidencialidad.
5. Responsabilidad de administradores y socios
En las sociedades mercantiles, determinadas decisiones pueden generar responsabilidades para los administradores.
La gestión de la empresa implica obligaciones relacionadas con la sociedad, sus socios, sus acreedores y, en determinadas circunstancias, terceros.
Por ello, decisiones como continuar desarrollando una actividad en determinadas situaciones económicas, asumir determinadas obligaciones o adoptar acuerdos societarios deben valorarse teniendo en cuenta sus posibles consecuencias jurídicas.
No significa que el administrador responda personalmente por cualquier deuda o problema de la sociedad. La responsabilidad dependerá de las circunstancias concretas y del incumplimiento que pueda atribuirse.
6. Riesgos relacionados con el cumplimiento normativo
Una empresa puede estar sujeta a diferentes obligaciones legales dependiendo de su actividad, tamaño y estructura.
El incumplimiento puede producir consecuencias económicas, administrativas, laborales, civiles e incluso penales en determinados supuestos.
En materia penal, el Código Penal contempla la responsabilidad de las personas jurídicas por determinados delitos cometidos en su nombre o por su cuenta y beneficio, así como determinados supuestos relacionados con la falta de supervisión y control.
Para las empresas de pequeñas dimensiones, la propia regulación contempla particularidades respecto de la supervisión de los modelos de prevención penal.
Esto explica por qué el compliance no debe entenderse únicamente como un sistema pensado para grandes empresas. Su contenido debe adaptarse a la actividad, tamaño y riesgos concretos de cada organización.
7. Problemas con proveedores y colaboradores
La relación con proveedores, profesionales externos y colaboradores también puede generar riesgos.
Un proveedor puede incumplir los plazos pactados, entregar productos defectuosos, modificar unilateralmente determinadas condiciones o dejar de prestar un servicio esencial para la empresa.
Cuando estas relaciones no están correctamente documentadas, puede resultar más difícil determinar qué se había acordado y qué consecuencias tiene el incumplimiento.
Por ello, conviene establecer claramente las obligaciones de cada parte y conservar la documentación relacionada con la relación comercial.
8. Conflictos entre socios
Cuando una empresa tiene varios socios, los desacuerdos sobre la gestión pueden convertirse en un problema jurídico y empresarial.
Diferencias sobre la distribución de beneficios, la entrada de nuevos socios, las decisiones de administración, la financiación o el futuro de la empresa pueden generar situaciones de bloqueo.
Un pacto de socios adecuadamente planteado puede establecer reglas para determinadas situaciones y ayudar a prevenir conflictos.
Pero también es importante revisar los estatutos y las reglas legales aplicables a la sociedad, especialmente cuando se adoptan decisiones relevantes.
9. ¿Cómo puede una pequeña empresa prevenir estos riesgos?
La prevención jurídica no significa revisar absolutamente todo de forma permanente. Consiste en identificar las áreas de riesgo que realmente afectan a la empresa y establecer procedimientos adecuados para gestionarlas.
Entre las medidas que pueden resultar útiles se encuentran:
- Revisar periódicamente los contratos principales.
- Mantener correctamente organizada la documentación empresarial.
- Establecer procedimientos para reclamar facturas impagadas.
- Revisar las decisiones laborales antes de adoptarlas.
- Proteger adecuadamente los datos y la información confidencial.
- Revisar las obligaciones específicas de la actividad.
- Documentar correctamente las decisiones societarias.
- Identificar los principales riesgos jurídicos de la empresa.
- Contar con asesoramiento jurídico cuando una operación o decisión pueda tener consecuencias relevantes.
La prevención jurídica puede evitar problemas posteriores
Los riesgos jurídicos de una pequeña empresa no se limitan a los grandes conflictos judiciales. Muchas veces comienzan con una decisión cotidiana: firmar un contrato sin revisarlo, aceptar determinadas condiciones de un proveedor, retrasar una reclamación, adoptar una medida laboral sin comprobar sus requisitos o no documentar correctamente un acuerdo entre socios.
Detectar estas situaciones antes de que se conviertan en un problema permite a la empresa actuar con mayor seguridad y conocer mejor las consecuencias de sus decisiones.
Cada empresa tiene una actividad, una estructura y unos riesgos diferentes. Analizar estas circunstancias permite establecer una estrategia jurídica adaptada al negocio y prevenir conflictos antes de que aparezcan.
Cumplimiento normativo y gestión de riesgos jurídicos
Ayudamos a pymes y autónomos a identificar y gestionar los riesgos jurídicos de su actividad, facilitando el cumplimiento de sus obligaciones y la prevención de posibles conflictos y responsabilidades.
Cumplimiento normativo y prevención de riesgos jurídicos
Las obligaciones legales forman parte de la actividad diaria de cualquier empresa o profesional. Cumplir adecuadamente con la normativa aplicable permite reducir riesgos, prevenir conflictos y evitar posibles responsabilidades derivadas de la actividad empresarial.
El análisis de las obligaciones y riesgos jurídicos de cada actividad permite identificar posibles situaciones de incumplimiento y adoptar medidas adecuadas para proteger los intereses de la empresa o profesional.
Cuando una cuestión jurídica puede generar riesgos para la empresa
Las empresas y profesionales deben afrontar obligaciones legales y situaciones que pueden generar riesgos jurídicos. Analizar cada circunstancia desde el principio permite prevenir problemas y adoptar las medidas adecuadas.
01
Cumplimiento de obligaciones
La actividad empresarial está sujeta a diferentes obligaciones legales. Identificar los requisitos aplicables y revisar su cumplimiento permite prevenir incumplimientos y reducir riesgos para la empresa o profesional.
02
Responsabilidades y riesgos jurídicos
Determinadas actuaciones pueden generar responsabilidades frente a clientes, trabajadores, proveedores u otras personas. Analizamos los riesgos existentes y las medidas que pueden adoptarse para prevenir o gestionar estas situaciones.
03
Situaciones de crisis o incumplimiento
Cuando se produce un incumplimiento o una situación que puede afectar a la continuidad de la actividad, es importante valorar sus consecuencias jurídicas y las opciones disponibles para proteger los intereses de la empresa o profesional.
ASPECTOS JURÍDICOS QUE CONVIENE CONSIDERAR
La actividad empresarial debe desarrollarse con seguridad jurídica
Las empresas y profesionales deben afrontar diferentes obligaciones y riesgos jurídicos durante el desarrollo de su actividad. Revisar estos aspectos permite prevenir incumplimientos, proteger los intereses de la empresa y actuar con mayor seguridad.
- Propiedad industrial e intelectual
Las marcas, creaciones, contenidos y otros activos intangibles pueden tener un importante valor para la empresa. Analizamos su protección y las situaciones que pueden afectar a sus derechos.
- 02 — Cumplimiento normativo
El cumplimiento de las obligaciones legales aplicables a la actividad permite prevenir riesgos y posibles responsabilidades. Revisamos las obligaciones relevantes y las medidas necesarias para reducir situaciones de incumplimiento.
- 03 — Responsabilidad profesional
La prestación de determinados servicios puede generar responsabilidades frente a clientes u otras personas. Analizamos las circunstancias del caso y las consecuencias jurídicas que puedan derivarse de la actuación profesional.
- 04 — Insolvencia y reestructuración empresarial
Cuando la situación económica de una empresa dificulta el cumplimiento de sus obligaciones, es importante analizar las alternativas disponibles. Estudiamos las opciones jurídicas para afrontar situaciones de insolvencia o reestructuración empresarial.
ASPECTOS JURÍDICOS QUE CONVIENE CONSIDERAR
La actividad empresarial debe desarrollarse con seguridad jurídica
Las empresas y profesionales deben afrontar diferentes obligaciones y riesgos jurídicos durante el desarrollo de su actividad. Revisar estos aspectos permite prevenir incumplimientos, proteger los intereses de la empresa y actuar con mayor seguridad.
01 — Propiedad industrial e intelectual
Las marcas, creaciones, contenidos y otros activos intangibles pueden tener un importante valor para la empresa. Su protección y utilización deben ajustarse a los derechos existentes y a las circunstancias concretas de cada actividad.
Revisamos las situaciones que pueden afectar a estos derechos y las opciones disponibles para proteger los intereses de la empresa o profesional.
02 — Cumplimiento normativo
El desarrollo de una actividad empresarial puede estar sujeto a diferentes obligaciones legales. Identificar la normativa aplicable y revisar su cumplimiento permite prevenir incumplimientos y reducir posibles riesgos jurídicos.
Analizamos las obligaciones relevantes para la actividad y las medidas que pueden adoptarse para mejorar la seguridad jurídica y prevenir posibles responsabilidades.
03 — Responsabilidad profesional
La prestación de servicios puede generar responsabilidades frente a clientes, proveedores u otras personas cuando se producen determinados daños o incumplimientos.
Analizamos las circunstancias de cada situación y sus posibles consecuencias jurídicas para determinar las opciones disponibles y proteger los intereses de la empresa o profesional.
04 — Insolvencia y reestructuración empresarial
Las dificultades económicas pueden afectar a la capacidad de una empresa para atender sus obligaciones y continuar desarrollando su actividad con normalidad.
Analizamos las circunstancias económicas y jurídicas de cada situación para valorar las alternativas disponibles y las medidas que pueden adoptarse ante situaciones de insolvencia o reestructuración empresarial.
La prevención y el análisis de los riesgos jurídicos permiten adoptar decisiones con mayor seguridad y reducir las consecuencias de posibles incumplimientos o conflictos.
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Despedir a un trabajador no consiste únicamente en comunicar la decisión. Antes de hacerlo, la empresa debe comprobar que existe una causa que pueda justificar la extinción, que se ha seguido el procedimiento correspondiente y que la documentación cumple los requisitos legales y, en su caso, los establecidos por el convenio colectivo.
Además, desde la doctrina del Tribunal Supremo de noviembre de 2024, en los despidos disciplinarios existe, con carácter general, la obligación de ofrecer al trabajador una audiencia previa para que pueda defenderse de los cargos antes de adoptar la decisión, salvo que razonablemente no pueda exigirse al empleador. Esta doctrina fue reiterada por el Supremo en mayo de 2025.
1. Identificar qué tipo de despido se pretende realizar
El primer paso es determinar cuál es la causa y la modalidad de extinción que se pretende aplicar.
No es lo mismo un despido disciplinario, basado en un incumplimiento grave y culpable del trabajador, que un despido por causas objetivas, fundamentado en las causas previstas legalmente. Tampoco debe confundirse un conjunto de extinciones individuales con un posible despido colectivo, que tiene sus propios requisitos y procedimiento.
En el despido disciplinario, por ejemplo, el Estatuto de los Trabajadores contempla como posibles incumplimientos las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad, la indisciplina, determinadas ofensas, la transgresión de la buena fe contractual o una disminución continuada y voluntaria del rendimiento, entre otros supuestos.
Por ello, antes de comunicar el despido conviene determinar cuál es la causa concreta y comprobar que los hechos pueden encajar en la modalidad de extinción que se pretende utilizar.
2. Comprobar y documentar los hechos
La empresa debe revisar qué ha sucedido y qué documentación permite acreditar los hechos.
Dependiendo del caso, puede ser necesario recopilar comunicaciones, registros horarios, instrucciones de trabajo, informes, advertencias anteriores, documentos internos, evaluaciones o cualquier otro elemento relacionado con la causa del despido.
No basta con conocer internamente el motivo. En un eventual procedimiento judicial, la empresa deberá poder acreditar los hechos que fundamentan su decisión.
En el despido disciplinario, además, la comunicación escrita debe expresar los hechos que motivan el despido y la fecha en que tendrá efectos. El convenio colectivo puede establecer requisitos formales adicionales.
3. Revisar el contrato y el convenio colectivo aplicable
Antes de adoptar la decisión también conviene revisar el contrato de trabajo, el convenio colectivo y cualquier normativa específica aplicable a la relación laboral.
El convenio puede establecer determinadas exigencias sobre las sanciones y los despidos, incluyendo procedimientos o garantías adicionales.
Esta revisión es especialmente importante cuando existen circunstancias particulares relacionadas con el puesto, la representación de los trabajadores o la afiliación sindical.
4. En el despido disciplinario, ofrecer audiencia previa
Esta es actualmente una de las cuestiones que la empresa debe tener especialmente presente.
El Tribunal Supremo estableció en su sentencia de 18 de noviembre de 2024 que el Artículo 7 del Convenio 158 de la OIT exige, con carácter general, ofrecer al trabajador la posibilidad de defenderse de los cargos formulados antes de poner fin a la relación laboral por motivos relacionados con su conducta o rendimiento. El Supremo volvió a aplicar esta doctrina en una sentencia de 28 de mayo de 2025.
Por tanto, antes de comunicar un despido disciplinario resulta necesario valorar cómo debe articularse esa audiencia previa en el caso concreto y dejar constancia de su realización y de las alegaciones efectuadas.
La propia doctrina contempla una excepción cuando no pueda razonablemente exigirse al empleador conceder esta posibilidad.
5. Comprobar si existe alguna circunstancia que pueda afectar a la validez del despido
Antes de despedir también debe analizarse si existe alguna circunstancia que pueda hacer especialmente sensible la decisión.
Por ejemplo, determinados derechos fundamentales, situaciones protegidas legalmente o indicios de discriminación pueden afectar a la calificación judicial del despido.
La Ley 15/2022 establece la protección frente a la discriminación, incluyendo la discriminación por razón de enfermedad o condición de salud, y declara nulos los actos que constituyan o causen discriminación.
Esto no significa que toda extinción durante una baja médica sea automáticamente nula. Lo que debe hacer la empresa es analizar cuidadosamente la causa real del despido y comprobar que la decisión no está relacionada con un motivo discriminatorio o con el ejercicio de un derecho especialmente protegido.
6. Preparar correctamente la carta de despido
La carta es uno de los elementos fundamentales del procedimiento.
En el despido disciplinario debe incluir, como mínimo, los hechos que motivan la decisión y la fecha de efectos.
La empresa debe procurar que los hechos estén suficientemente concretados y que exista correspondencia entre lo que se comunica al trabajador y lo que posteriormente pueda acreditarse.
Una carta genérica o insuficientemente concretada puede dificultar la defensa de la empresa si el trabajador impugna el despido.
7. Si se trata de un despido objetivo, comprobar sus requisitos específicos
Cuando la extinción se basa en causas objetivas, el procedimiento es diferente.
El Artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores (BOE) exige, entre otros requisitos, comunicación escrita expresando la causa, puesta a disposición de la indemnización legal de 20 días de salario por año de servicio, con los límites establecidos legalmente, y un preaviso de 15 días, con las particularidades previstas para determinados supuestos.
Por ello, antes de comunicar un despido objetivo deben revisarse tanto la existencia y acreditación de la causa como el cumplimiento de todos los requisitos formales y económicos.
8. Comprobar si puede tratarse de un despido colectivo
Si la empresa pretende extinguir varios contratos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, no debe analizar cada despido de forma aislada.
El Artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores (BOE) establece determinados umbrales de extinción en un período de 90 días que pueden determinar la aplicación del procedimiento de despido colectivo. Poder Judicial
Por tanto, antes de iniciar varias extinciones conviene revisar el número de trabajadores afectados, el período temporal y las circunstancias de las extinciones para determinar si resulta aplicable el procedimiento colectivo.
¿Qué ocurre si la empresa no prepara correctamente el despido?
Un despido que no esté correctamente fundamentado o que incumpla los requisitos aplicables puede ser impugnado por el trabajador y ser declarado procedente, improcedente o nulo, dependiendo de las circunstancias del caso.
Por eso, antes de entregar una carta de despido resulta recomendable revisar conjuntamente la causa, los hechos, la documentación, el convenio colectivo, las circunstancias personales del trabajador y el procedimiento que debe seguirse.
Antes de despedir: una revisión jurídica puede evitar problemas posteriores
El despido debería ser el resultado de una decisión previamente analizada y documentada, no simplemente de una carta preparada en el último momento.
Una revisión previa permite comprobar si la causa está suficientemente acreditada, qué procedimiento corresponde, qué documentación debe prepararse y si existe alguna circunstancia que pueda afectar a la validez de la decisión.
En particular, los cambios recientes en la doctrina sobre la audiencia previa en los despidos disciplinarios hacen especialmente importante revisar el procedimiento antes de comunicar la extinción.
Si una empresa está valorando despedir a un trabajador, conviene analizar el caso concreto antes de comunicar la decisión y preparar correctamente todo el procedimiento.